Human Rights Watch (HRW) y Transparencia Internacional (TI) criticaron el nulo progreso del Gobierno de México para erradicar la corrupción. Las organizaciones presentaron este 27 de enero reportes globales que dejan en evidencia el mal trabajo de muchos.

”En países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco” – Alejandro Salas, director para las Américas de TI.

“Las fuerzas de seguridad mexicanas se envolvieron en graves y repetidas violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado” – Daniel Wilkinson, director adjunto de HRW para América Latina.

Estas son las recomendaciones de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana para reducir los niveles de corrupción e impunidad.

– Avanzar una agenda legislativa contra la corrupción que vaya más allá de las 2 leyes generales.

– Prestar especial atención a las leyes vinculadas con la contratación pública, como la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.

– Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.

– Aplicar con efectividad tanto la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” como la “Ley Federal de Extinción de Dominio” para desmantelar redes de corrupción.

– La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar seguimiento puntual y prioritario a las recomendaciones entregadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.

– El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en el sistema anticorrupción, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder del Estado.

-Incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.

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